La implantación puede costar entre 2.000 y 25.000 euros en una pyme, según su actividad, estructura, riesgos y número de centros.

Una pyme ordinaria suele necesitar entre 4.500 y 12.000 euros para la implantación y entre 1.500 y 4.000 euros anuales para el mantenimiento.

Debe incluir diagnóstico, mapa de riesgos, controles, políticas, sistema disciplinario, formación, canal de información y verificación periódica.

La que acredite especialización penal, experiencia sectorial y una metodología adaptada a los procesos reales de la empresa.

Debe compararse el equipo asignado, la metodología, los entregables, el soporte posterior, las exclusiones y el precio total.

Como referencia, entre 5.000 y 15.000 euros para la implantación, dependiendo del sector, las sedes y la complejidad operativa.

Suele representar entre el 20 % y el 35 % del coste inicial, salvo que incluya investigaciones, auditorías o soporte intensivo.

Depende de la oferta. La licencia tecnológica, la gestión del canal y las investigaciones pueden facturarse separadamente.

En una pyme puede requerir entre uno y tres meses, siempre que la empresa facilite la documentación y las entrevistas necesarias.

Conviene un equipo que combine derecho penal económico, análisis de procesos, control interno y capacidad de implantación.

Puede contratarse apoyo externo, pero la empresa debe conservar una estructura interna de supervisión, decisión y rendición de cuentas.

Solo cuando el contrato lo establece expresamente y regula su independencia, confidencialidad, facultades y posibles conflictos de interés.

Mapa de riesgos, matriz de controles, políticas, código ético, procedimiento del canal, sistema disciplinario, plan formativo y plan de revisión.

Debe comprobarse en el presupuesto, especificando destinatarios, duración, modalidad, contenidos y acreditación de asistencia.

Habitualmente sí, salvo que el mantenimiento incluya una revisión periódica con alcance y horas previamente determinados.

No existe una obligación general para todas las empresas, pero el programa puede prevenir delitos y permitir la exención o atenuación de responsabilidad penal.

No hay una obligación general basada únicamente en el tamaño. Determinados sectores están sujetos a sistemas específicos de cumplimiento y control.

Puede necesitarlo por su actividad y exposición penal. El umbral de 50 trabajadores se refiere principalmente al sistema interno de información.

El autónomo persona física no responde como persona jurídica. Una sociedad unipersonal sí puede quedar sujeta a responsabilidad penal corporativa.

No con carácter general, aunque una licitación concreta puede exigir medidas de integridad y determinadas condenas generan prohibiciones de contratar.

No existe una obligación general, pero las bases reguladoras pueden imponer controles antifraude, declaraciones responsables o medidas de integridad.

No. El canal es uno de los instrumentos de detección, mientras que el programa penal comprende el conjunto del sistema preventivo.

No. El canal no sustituye al análisis de riesgos, los controles, las políticas, la formación ni la supervisión del modelo.

Su ausencia no siempre constituye una infracción autónoma, pero puede impedir que la empresa invoque la eficacia preventiva prevista en el Código Penal.

Sí. El tamaño no excluye la responsabilidad penal cuando concurren los requisitos legales aplicables a la persona jurídica.

Solo aquellos para los que la ley prevé expresamente responsabilidad corporativa, como estafa, cohecho, blanqueo, delitos fiscales o determinados delitos medioambientales.

No. Debe estar implantado antes del delito, ser adecuado al riesgo, funcionar eficazmente y cumplir los restantes requisitos legales.

Sí, en las personas jurídicas de pequeñas dimensiones definidas por el artículo 31 bis, siempre que ejerza realmente esa función.

La ley no establece un número fijo de trabajadores. Depende del tamaño, la complejidad, los riesgos y la organización de la empresa.

Sí. La experiencia sectorial permite identificar riesgos y controles que no aparecen en modelos generalistas.

La propuesta debe identificar al equipo, su cualificación, experiencia, dedicación y responsabilidad dentro del proyecto.

Es necesario que el análisis jurídico penal sea dirigido por profesionales con especialización acreditable en esta materia.

Sí. Las entrevistas permiten conocer cómo se adoptan decisiones y cómo funcionan realmente los controles.

Sí. Debe responder a su actividad, organización, procesos, territorios, terceros y relaciones con las administraciones públicas.

Mediante revisión documental, entrevistas, análisis de procesos y comprobación de evidencias sobre su aplicación efectiva.

Sí. Esa relación permite conocer qué riesgo se controla, mediante qué medida, por quién y con qué periodicidad.

El contrato debe aclararlo. Una implantación real exige aprobación, asignación de responsabilidades, comunicación, formación y seguimiento.

Es aconsejable para resolver incidencias, comprobar controles y corregir deficiencias detectadas durante el funcionamiento inicial.

Solo si se pacta. Deben definirse su alcance, periodicidad y efectos sobre la documentación existente.

El contrato debe indicar las horas incluidas, los canales de atención, los tiempos de respuesta y el precio de los excesos.

Debe aplicarse el procedimiento interno de admisión, análisis, investigación, protección del informante y adopción de medidas.

Normalmente constituye un servicio adicional, especialmente cuando requiere análisis documental, entrevistas o asistencia penal.

No debe presumirse. La defensa procesal tiene que figurar expresamente en el contrato o contratarse separadamente.

Es recomendable exigirlo y comprobar su vigencia, cobertura, límites y exclusiones.

Actividad, plantilla, facturación, organigrama, sedes, sociedades, procesos, países, relaciones públicas y controles ya existentes.

Puede aportar experiencia acreditada respetando sus obligaciones de confidencialidad y protección de datos.

Puede alinearse con esos estándares, aunque su aplicación o certificación no garantiza por sí sola la exención penal.

Normalmente no. La certificación debe realizarla una entidad independiente y suele presupuestarse de forma separada.

Es el análisis de las actividades en las que podría producirse un delito imputable a la persona jurídica y de los controles aplicables.

Las que exijan los riesgos identificados, como anticorrupción, conflictos de interés, pagos, regalos, contratación, terceros o uso de recursos.

Mediante actas, controles ejecutados, registros, formaciones, comunicaciones, incidencias, medidas correctoras y revisiones documentadas.

Las que demuestren la aprobación, comunicación, aplicación, supervisión y actualización efectiva del sistema.

Periódicamente y cuando se produzcan infracciones relevantes o cambios sustanciales en la organización, el control o la actividad.

Cuando cambien los procesos, responsables, mercados, sociedades, productos, normativa o exposición a terceros.

Mediante contenidos adaptados a sus funciones y riesgos, dejando constancia de convocatoria, asistencia, evaluación y materiales.

Coordinando responsables, riesgos, controles y evidencias para evitar contradicciones y duplicidades.

Sí, siempre que se compruebe su vigencia, aplicación y adecuación a los riesgos penales identificados.

Debe vincular los incumplimientos del modelo con consecuencias proporcionadas, respetando la legislación laboral y el convenio aplicable.

El órgano de administración debe adoptar y respaldar formalmente el modelo de organización y gestión.

Supervisar el funcionamiento del modelo, recibir información, promover revisiones, informar al órgano de administración y proponer mejoras.

Sí, si la metodología permite conocer y comprobar los procesos reales. La distancia no debe convertir el servicio en una mera entrega documental.

Deberá aportar documentos, participar en entrevistas, validar riesgos, aprobar controles y designar responsables internos.

Mediante cláusulas contractuales, códigos de conducta, comunicaciones, formación y procedimientos de diligencia debida.

Debe priorizarse la especialización, experiencia sectorial, equipo y alcance del servicio; la ubicación física es un criterio secundario.

Conviene comparar metodología, entregables, mantenimiento, gestión de investigaciones y honorarios totales.

Debe acreditarse experiencia en responsabilidad penal de personas jurídicas, prevención, investigaciones y defensa penal económica.

Un modelo centrado en contratación pública, corrupción, urbanismo, medioambiente, fiscalidad, subcontratación y controles de pagos.

Debe analizar riesgos vinculados con facturación, protección de datos, relaciones con profesionales, proveedores, prescripción y contratación.

Debe considerar fraude, propiedad intelectual, datos personales, ciberseguridad, contratación digital, financiación y uso de terceros.

Debe analizar contratación, fiscalidad, medioambiente, documentación, subcontratistas, operaciones internacionales y controles de seguridad.

Pueden responder penalmente como personas jurídicas, salvo las exclusiones legales, por lo que deben evaluar sus riesgos y controles.

Controles reforzados sobre licitaciones, intermediarios, regalos, reuniones, modificaciones contractuales, facturación y conflictos de interés.

Debe analizarse separadamente cada entidad, aunque existan políticas, órganos y herramientas comunes para todo el grupo.

Debe regular conflictos de interés, operaciones vinculadas, concentración de facultades, sucesión y separación de funciones.

Un sistema coordinado por jurisdicciones, con diligencia debida de terceros, controles anticorrupción y mecanismos comunes de supervisión.

No existe obligación automática por la plantilla, pero la contratación pública incrementa la exposición y hace aconsejable un programa específico.

Sí, si se pretende disponer de un modelo penal completo. Ninguno de esos sistemas sustituye al mapa de riesgos y los controles penales.

Fases, entregables, equipo, entrevistas, formación, canal, implantación, mantenimiento, investigaciones, plazos, exclusiones y precio total.

Debe prepararse una tabla común que valore alcance, metodología, equipo, dedicación, entregables, soporte, exclusiones y coste.

Suele caracterizarse por ausencia de entrevistas, documentos predeterminados y falta de conexión entre procesos, riesgos, controles y responsables.

Propuesta técnica, calendario, equipo, entregables, honorarios, condiciones del mantenimiento, confidencialidad, seguro y régimen de responsabilidad.

El precio debe calcularse después de conocer su estructura y riesgos; el número de trabajadores no basta para fijarlo.

No. La plataforma organiza información, pero no sustituye el análisis jurídico, el diseño de controles ni su implantación efectiva.

Entre otros, corrupción, fraude en licitaciones, subvenciones, falsedad, conflictos de interés y pagos mediante intermediarios.

No. La eficacia depende de los hechos, del delito investigado, de la implantación real y de la valoración judicial.

La consultora puede incurrir en responsabilidad contractual o profesional, pero la empresa conserva sus propios deberes de organización y supervisión.

Puede mejorar la continuidad, aunque las auditorías independientes o certificaciones deben preservar una separación suficiente respecto del implantador.