El nuevo Plan Anticorrupción: ¿Una cruzada contra el empresario?

¿Una cruzada contra el empresario?

Por Ernest Abelló, experto en cumplimiento normativo

En un movimiento que ha levantado una considerable polvareda en el ámbito jurídico y empresarial, el Gobierno ha presentado un nuevo “Plan de Choque contra la corrupción”. Este ambicioso paquete, compuesto por quince medidas anticorrupción, busca reforzar la transparencia institucional y combatir de forma más decidida los delitos contra la Administración Pública.
¿Qué significa esto?
Sin embargo, más allá de las buenas intenciones, el enfoque adoptado ha despertado una profunda inquietud en el tejido empresarial español.

Compliance reforzado… pero solo para el sector privado

Entre las medidas más destacadas figuran la creación de juzgados especializados en corrupción, el refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción y un endurecimiento significativo de las sanciones a empresas implicadas en prácticas corruptas.
¿Cómo cambian las sanciones?
Las multas por corrupción empresarial dejarán de calcularse sobre el beneficio obtenido y pasarán a vincularse a los ingresos anuales.

Además, las empresas podrán ser incluidas en listas negras de contratación pública. El mensaje que se transmite es claro: mayor presión normativa, más controles y responsabilidades ampliadas para el empresario.
¿Y la Administración?
Mientras tanto, la Administración queda en segundo plano, sin asumir transformaciones estructurales equivalentes.

Inseguridad jurídica y riesgo de fuga empresarial

Este nuevo escenario normativo plantea un reto para la seguridad jurídica en España. En lugar de construir confianza, se incrementa la incertidumbre regulatoria con normas poco claras y sanciones desproporcionadas.
¿Qué consecuencias puede tener?
En un contexto global competitivo, esto puede provocar deslocalización empresarial.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2023, España obtuvo 60/100, por debajo de la media UE. La Administración Pública debería liderar con reformas internas. Aún no se han creado compliance officers en el sector público, ni se garantiza la independencia de los órganos de control interno.

Fiscalía en el punto de mira

El plan pretende atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal en casos de corrupción.
¿Es fiable la Fiscalía?
Esto genera dudas, especialmente en un momento de crisis reputacional del propio Ministerio Fiscal.

¿Transparencia real o «compliance cosmético»?

A pesar de relanzar el Portal de Transparencia y anunciar controles patrimoniales a altos cargos, muchas medidas parecen simbólicas.
La Autoridad Independiente de Protección al Informante sigue sin implementarse. El blindaje de denunciantes en el sector público continúa ausente.

Conclusión: el precio de castigar al que cumple

Luchar contra la corrupción es necesario, pero no debe convertirse en una guerra contra el empresario, quien ya soporta un marco regulatorio exigente.

El verdadero cambio llegará cuando la Administración Pública cumpla los mismos estándares que exige. De lo contrario, se mantendrá un compliance de escaparate que castiga a quienes cumplen, sin tocar el problema estructural.

Ernest A. está especializado en cumplimiento normativo, protección de datos y ética empresarial. Colabora como perito judicial y asesor de empresas en sectores regulados.