La sobre regulación ya no es solo un problema jurídico: también es un coste invisible para las empresas españolas

Las empresas españolas conviven con una realidad cada vez más difícil de gestionar: cumplir la ley ya no consiste únicamente en conocer una norma, sino en ordenar decenas de obligaciones que llegan desde distintos ámbitos, plazos y administraciones.

Protección de datos, prevención penal, canales internos de información, igualdad, prevención del blanqueo, sostenibilidad, obligaciones laborales, ciberseguridad, facturación electrónica, contratación pública o inteligencia artificial son ya piezas de un mismo tablero regulatorio.

El problema no es que exista regulación. La regulación es necesaria. El problema aparece cuando se acumula sin coordinación suficiente, se dispersa entre distintos niveles administrativos y obliga a las empresas, especialmente a pymes y microempresas, a dedicar tiempo, personal y recursos económicos a interpretar, documentar, acreditar y mantener actualizado su cumplimiento. El Banco de España ha advertido recientemente que la normativa densa y fragmentada eleva costes, dificulta el emprendimiento y afecta con especial intensidad a las empresas pequeñas. Según los datos citados por esta institución, entre 1979 y 2021 las distintas administraciones españolas aprobaron 411.804 normas, y solo en 2022 se añadieron 11.775 nuevas disposiciones, unas 32 normas al día.

Esta carga no cae sobre un tejido empresarial sobrado de estructura. El INE situó en 3.310.824 el número de empresas económicamente activas en España a 1 de enero de 2025. De ellas, 1,80 millones no tenían asalariados y, sumadas las que tenían uno o dos empleados, el 81,6 por ciento contaba con dos o menos trabajadores. Dicho con claridad: gran parte del tejido empresarial español debe cumplir obligaciones cada vez más técnicas sin disponer de departamentos jurídicos, de cumplimiento, recursos humanos, sistemas o auditoría interna propios.

La consecuencia práctica es conocida por cualquier empresario: horas invertidas en recopilar documentos, revisar contratos, atender requerimientos, actualizar políticas internas, responder derechos, conservar evidencias, justificar decisiones, revisar proveedores, formar empleados y evitar sanciones. A veces, además, cada materia se trata por separado, con asesores distintos, documentos duplicados y controles que no se comunican entre sí. El resultado es caro, lento y, en ocasiones, poco eficaz.

La preocupación no es solo española. La Comisión Europea estima que las cargas administrativas recurrentes en la Unión Europea ascienden a unos 150.000 millones de euros anuales, y ha fijado como objetivo reducirlas al menos un 25 por ciento para las empresas en general y un 35 por ciento para las pymes. En España, el propio Gobierno ha impulsado un plan de acción para identificar barreras burocráticas, requisitos desproporcionados y fallos de coordinación entre administraciones, dentro del denominado “Régimen 20”, con el objetivo de avanzar hacia un mercado nacional más eficiente.

En este contexto, el cumplimiento normativo no puede seguir tratándose como una suma de carpetas independientes. La empresa necesita una visión transversal. Cumplir protección de datos sin mirar contratos, proveedores, sistemas informáticos, recursos humanos, canales de denuncia o prevención penal es quedarse a medias. Y lo mismo ocurre al revés: un modelo de compliance penal sin trazabilidad documental, sin controles reales y sin conexión con la operativa diaria se convierte en papel. Mucho papel, pero poca defensa.

Desde LEGAL ADVISORS IN COMPLIANCE defendemos un enfoque distinto: ordenar el cumplimiento desde una perspectiva multidisciplinar, práctica y proporcionada al tamaño real de cada empresa. No se trata de vender más documentos. Se trata de reducir duplicidades, aprovechar evidencias comunes, integrar obligaciones, priorizar riesgos y construir un sistema que sirva para cumplir, acreditar y defender a la empresa cuando sea necesario.

Nuestro despacho puede ayudar a las empresas a abaratar el coste de cumplimiento precisamente porque trabaja de forma transversal: protección de datos, cumplimiento penal, prevención del blanqueo de capitales, canales internos de información, planes de igualdad, continuidad de negocio, auditorías, periciales y asesoramiento jurídico de empresa no se analizan como compartimentos estancos, sino como partes de una misma realidad corporativa.

Esto permite que una misma evidencia pueda servir para varias obligaciones, que las políticas internas no se contradigan, que los contratos con proveedores estén alineados con los riesgos reales, que las auditorías no se repitan innecesariamente y que la dirección tenga una fotografía clara de qué debe hacer, qué puede aplazar y qué no debería dejar sin resolver.

La sobre regulación no va a desaparecer mañana. Sería ingenuo pensarlo. Pero sí puede gestionarse mejor. Y ahí está la diferencia entre una empresa que vive el cumplimiento como una carga permanente y otra que lo convierte en un sistema ordenado, defendible y económicamente sostenible.

Cumplir no debería paralizar a la empresa. Debería protegerla.